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La primera prueba de que no hay voluntad política de una ilegalización global es que el problema en el orden jurídico parlamentario sigue estando en la naturaleza del mandato del Congreso de los Diputados, para la negociación y diálogo. Y ese mandato no se ha revocado. Ni que se haya interpretado como caducado. Porque ha habido mociones expresas y requerimientos concretos para exigir la revocación de este acto. Y se perdieron todas las votaciones al respecto. Mientras, el engaño o el "decretazo-ley" vuelven a ser cortina de humo.
Y, efectivamente, no se ha encontrado momento más rápido para la localización. Pasaron más de tres meses en ejecutar una sentencia para que la Abogacía del Estado y la Física pongan en marcha la ejecución. Aunque la Francis de Sarkozy haya ayudado al hallazgo de terroristas. Cuando está agotada Eta, ¿será el momento de pasar a la rendición negociada? Algo ya viene ocurriendo con el acercamiento de presos. Que es una de las reivindicaciones. ¿Y las víctimas del terrorismo?
Cualquiera que sea el desenlace, lo cierto es que en todo el proceso anterior y en el actual, se está lejos de la claridad, y sí cercanos a la confusión y a la incertidumbre. Se permite "alargar" y "torear" a los terroristas en las instituciones y participar en las prebendas. El Estado de Derecho no gana nada. Mi interpretación estrictamente jurídica es que el artículo 61 de la Ley de Régimen local, en la nueva redacción, y la sentencia del Tribunal Supremo, declarando ilegales los grupos sucedáneos de terrorismo -ya incluidos como tales por la Unión Europea- eran más que suficientes para haber procedido antes de oficio, y caso por caso.
Las vacilaciones sobre la tardanza en ilegalizar los partidos políticos de signo terrorista es un signo más de la debilidad del Estado de Derecho y de una Constitución devaluada (Jorge de Esteban). Sin sacar previamente a los terroristas de las instituciones, las elecciones vascas son una lotería. Y puede afectar a la estabilidad de todo el marco territorial.
JESÚS LÓPEZ MEDEL (El Día)
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